Silva señaló que detrás de estos desalojos se encuentra una expansión acelerada de las operaciones mineras, una dinámica que –asegura– coloca en riesgo directo la estabilidad ecológica de la zona. En particular, alertó sobre la cercanía entre una enorme piscina de cianuro y dos tanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con una capacidad conjunta que supera los 160,000 galones, lo que describió como una combinación peligrosa capaz de desencadenar un accidente de proporciones catastróficas.
El exlegislador explicó que los químicos altamente corrosivos utilizados en la minería intensiva podrían deteriorar las estructuras de almacenamiento de GLP, generando un escenario de potencial explosión y la liberación de nubes tóxicas que afectarían amplios sectores poblados. A esto se suma, dijo, el impacto sobre suelos agrícolas que anteriormente sustentaban la economía local y que hoy presentan daños profundos debido a movimientos de tierra, residuos mineros y posibles desbordes de presas de cola.
De igual forma, el exsenador denunció que tres de los principales ríos de Cotuí, así como una docena de arroyos estratégicos, muestran señales de contaminación, entre ellas una aparente “nube roja” que, según sus denuncias, podría contener sustancias nocivas arrastradas por las operaciones extractivas. La situación compromete tanto el consumo de agua como la calidad del aire para miles de residentes.
Silva afirmó que la Ley 64-00, que rige la protección ambiental en el país, estaría siendo dejada de lado ante intereses empresariales. A su juicio, decisiones recientes del Tribunal Superior Administrativo, que rechazaron advertencias técnicas presentadas durante su gestión legislativa sobre la proximidad entre instalaciones de cianuro y tanques de GLP, han facilitado la continuidad de una actividad minera que califica como riesgosa y poco fiscalizada.
Sobre el desplazamiento de comunidades enteras, Silva indicó que coincide con reportes de un incidente reciente en la zona minera que habría generado restricciones de acceso, presencia militar y bloqueo de medios gráficos, una acción que interpreta como un intento de impedir que la población conozca el alcance del problema ambiental.
El exsenador también cuestionó la actuación de la clase política, tanto oficialista como opositora, por lo que consideró una ausencia de acompañamiento a las comunidades afectadas. Enfatizó que la defensa de los recursos naturales y de las familias desplazadas no ha recibido el respaldo institucional necesario pese a la gravedad de las denuncias.
Silva concluyó haciendo un llamado directo a la población para mantenerse alerta y exigir respuestas ante lo que describió como una amenaza que compromete vidas, ecosistemas y la soberanía sobre los recursos no renovables del país. Recordó que la organización comunitaria y la movilización social han demostrado ser herramientas efectivas para presionar acciones correctivas en situaciones similares.
